Luego de que el nuevo régimen nacional para las licencias profesionales interjurisdiccionales generara cuestionamientos por el aumento de los costos y los cambios en el trámite, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires salió a explicar que esas modificaciones no fueron establecidas por la gestión de Axel Kicillof. Desde la cartera que conduce Martín Marinucci señalaron que el nuevo esquema, que trasladó las evaluaciones obligatorias a prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), fue dispuesto por el Gobierno nacional a través del Decreto 196/2025.
En ese sentido, desde la cartera que conduce Marinucci anunciaron una prórroga excepcional de 60 días para los vencimientos de esas habilitaciones con el objetivo de evitar que los trabajadores pierdan la posibilidad de darle continuidad a sus tareas, y remarcaron que la provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde el año 2010, por lo que ejerce las funciones que el Ejecutivo nacional le delegó para emitir las Licencias Nacionales de Conducir profesionales de carácter interjurisdiccional.
En tanto, el Ministerio de Transporte aclaró que las nuevas condiciones para acceder a las licencias profesionales no fueron establecidas por el Gobierno de la Provincia, sino que derivan de la reforma nacional que eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. A partir de esa modificación, la habilitación para el transporte interjurisdiccional pasó a instrumentarse mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales clases C, D y E, cuya emisión quedó en manos de las provincias adheridas al convenio con la ANSV.
En ese marco, desde la cartera bonaerense recordaron que fue el Gobierno Nacional quien dispuso las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas necesarias para la obtención o renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales sean realizadas exclusivamente por prestadores registrados y habilitados por la ANSV.
Al mismo tiempo, otro de los puntos señalados por el ministerio que lidera el referente del Frente Renovador es que el esquema vigente no fija una tarifa nacional de referencia para esas prestaciones, por lo que los valores son fijados y percibidos directamente por cada prestador habilitado, sin intervención económica de la provincia de Buenos Aires ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales.
“Por ello, resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de las evaluaciones para la obtención o renovación de las licencias profesionales, ya que se trata de aspectos definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente”, expusieron desde el Ministerio de Transporte bonaerense.
Por caso, frente a las dificultades que generó la implementación del nuevo sistema de licencias, especialmente por la escasa cantidad de prestadores profesionales habilitados en distintas regiones bonaerenses, el Ministerio dispuso una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las mismas, e indicaron que la medida busca que los conductores puedan completar los nuevos requisitos sin quedar impedidos de continuar el desarrollo de sus actividades laborales.
En última instancia, la cartera provincial ratificó su compromiso con la seguridad vial y con el cumplimiento de la legislación vigente, aunque manifestó su preocupación porque el nuevo esquema nacional deja a los trabajadores “sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia establecida por el Estado Nacional”, situación que, advirtió, puede generar diferencias significativas de costos y afectar el acceso equitativo al trámite en todo el país.
El debate por el nuevo costo de las licencias profesionales se extiende en la Provincia
Cabe mencionar que, la implementación del nuevo régimen para las licencias profesionales de conducir generó durante la semana fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores. En Mar del Plata, taxistas manifestaron su preocupación por el incremento del costo que implica obtener o renovar las licencias necesarias para continuar trabajando, al sostener que el nuevo sistema elevó considerablemente el valor del trámite.
Según explicó la Federación Nacional de Conductores de Taxi en un comunicado, una de las principales modificaciones es que el carnet profesional pasó a tener carácter jurisdiccional, por lo que los conductores deberán contar con una habilitación específica para desempeñarse en determinados ámbitos. En el caso de Mar del Plata, los taxistas señalaron que eso afectará su ingreso al Aeropuerto Astor Piazzolla, al Puerto y a otras zonas con jurisdicción propia, como los balnearios de Punta Mogotes y Chapadmalal.
“Consideramos que esta medida tiene un fin netamente recaudatorio y no apunta a generar nuevos puestos de trabajo, todo lo contrario. Perjudica directamente a nuestro sector, a los compañeros y compañeras taxistas, remiseros y demás actividades que utilizamos esta categoría, limitándonos el derecho a trabajar”, expresaron desde la Federación.
En paralelo, legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense para que las licencias profesionales sean otorgadas de manera gratuita para el personal policial, los bomberos voluntarios, los trabajadores de Defensa Civil y los integrantes de los sistemas públicos de emergencias, como el SAME. En concreto, la iniciativa propone que el Estado provincial absorba todos los costos vinculados con la obtención, renovación o recategorización de esas habilitaciones.
En los fundamentos del proyecto, los autores libertarios celebran que las nuevas exigencias nacionales busquen fortalecer la seguridad vial, aunque advierten que los costos económicos recaen sobre trabajadores que utilizan esas licencias profesionales para prestar servicios esenciales a la sociedad. Por eso, el bloque plantea que el Estado debe asumir ese gasto, sin modificar los requisitos técnicos, médicos o de capacitación actualmente vigentes.
Para justificar la presentación del escrito, la bancada mileísta sostiene que las personas que integran las fuerzas policiales, los cuerpos de bomberos voluntarios, los organismos de Defensa Civil y los sistemas públicos de atención de emergencias se encuentran en una situación diferenciada del resto de los conductores profesionales, ya que utilizan dichas licencias como requisito indispensable para cumplir funciones que el propio Estado les encomienda en beneficio de toda la comunidad.
“En el caso particular de los bomberos voluntarios, el fundamento adquiere una dimensión aún más significativa, ya que su actividad se desarrolla de manera altruista, solidaria y desinteresada, constituyendo un servicio de enorme valor social que complementa la acción estatal en materia de protección civil, por lo que imponerles la carga económica de obtener o renovar una licencia profesional necesaria para conducir vehículos de emergencia implica trasladar al voluntario un costo que corresponde asumir al Estado en reconocimiento de la función pública que desempeña”, explica el proyecto.
