La investigación judicial sobre el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio clave este jueves en Comodoro Py, cuando el piloto Agustín Issin declaró que el pago del traslado desde Punta del Este no fue realizado por el funcionario, sino por el periodista Marcelo Grandio, ex integrante de la TV Pública y allegado al funcionario.
El testigo de 46 años ratificó que el paquete de vuelos fue adquirido el pasado 9 de febrero. La Justicia ahora pone la lupa sobre el origen de esos fondos para determinar si el pago de Grandio constituye un caso de dádivas o un intercambio de favores vinculado a su desempeño en el canal estatal, del cual ya se desvinculó.
El traslado se realizó en un Honda Jet (matrícula LVHWA), una aeronave de alta gama con capacidad para cinco pasajeros. Fuentes del sector aerocomercial estiman que el costo de un servicio de estas características ronda los 10.000 dólares por tramo, cifra que alimenta la polémica sobre el financiamiento del viaje familiar del ministro.
Ante el impacto mediático del caso, el Gobierno ha iniciado una fase de blindaje para el Jefe de Gabinete. La consigna en la Casa Rosada es mostrar a un Adorni «activo y gestionando» para desplazar el foco de la discusión judicial.
De esta manera, se espera que el jefe de Gabinete mantenga un perfil bajo para el resto: se limitarán las apariciones públicas de otros funcionarios para no generar nuevas flancos de conflicto.
Al mismo tiempo, Adorni mantendrá reuniones constantes con ministros y referentes de La Libertad Avanza (LLA), buscando instalar temas de gestión que le permitan «correr» el eje de las sospechas sobre su vuelo privado.
Desde el entorno libertario confían en que esta sobreexposición operativa logre neutralizar el cuestionamiento ético mientras la causa avanza en los tribunales federales.
