En varios de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, circula la bronca de algunos intendentes que ya perdieron la paciencia. Es que, mientras intentan cerrar números para pagar aguinaldos en un contexto financiero cada vez más ajustado, los jefes comunales comenzaron a acumular una serie de conflictos que atraviesan la gestión, la política y la Justicia.
La causa federal por las fotomultas, las presiones que denuncian desde el Ministerio de Transporte, la falta de definiciones sobre las reelecciones indefinidas y una interna cada vez más feroz entre el axelismo, La Cámpora y el massismo conforman un cóctel que en las últimas semanas elevó el nivel de tensión dentro del oficialismo provincial.
La preocupación ya no se limita a conversaciones aisladas. En distintos despachos municipales admiten que el malestar es creciente y que cada vez cuesta más contener a intendentes que sienten que la Provincia les exige disciplina política mientras les suma problemas sobre la mesa.
Fotomultas: los oficios de Marijuan y de las fiscalías federales de San Martín
La investigación federal impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y la freezada causa del juez federal Juan Manuel Culotta terminó de alterar un escenario que no parece estar camino a bajar el telón, ni mucho menos, con el impulso de advertencias que le habría dado la Cámara Federal de San Martín.
La llegada de oficios a más de una veintena de municipios generó preocupación inmediata entre intendentes y funcionarios locales, tanto del peronismo, la UCR, y el PRO. Los pedidos judiciales responden a una investigación sobre lavado de dinero que incluye a fundaciones universitarias, funcionarios actuales de transporte y conectan con empresas altamente cuestionadas en el sistema de radarización como son las del mediático empresario Leandro Camani y CECAITRA.
La situación, además, comenzó a generar repercusiones en varios Concejos Deliberantes en donde concejales opositores ya presentaron pedidos de informes y reclamos, logrando en San Isidro, Mar del Plata y Quilmes, que se frene la constatación de infracciones.
Lo que más inquieta a los alcaldes no es únicamente la investigación, sino la incertidumbre respecto de su alcance.
Nadie sabe quiénes terminarán siendo convocados a declaración indagatoria, qué documentación adicional será requerida ni hasta dónde llegará la reconstrucción de los circuitos financieros de los formularios de distribución de fondos firmados por los intendentes que están bajo análisis.
Por eso en varios municipios comenzaron a trabajar con estudios jurídicos externos mientras siguen de cerca cada movimiento de la causa. “Nos están metiendo en un problema que no controlamos“, repiten en privado.
Fotomultas: enojo con el Ministerio
Sin embargo, la mayor bronca hoy no apunta a la Justicia, sino al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. En distintos municipios reconocen que existe un creciente malestar por la forma en que la cartera provincial viene manejando el conflicto alrededor de las fotomultas.
La situación se agravó después de las novedades registradas en las causas judiciales que tramitan en La Plata y los cambios que comenzaron a producirse dentro del esquema de empresas vinculadas al sistema.
La salida de CECAITRA de algunos procesos, luego de allanamientos con drones y despliegue hollywoodense, y su posterior regreso triunfal con nueva sociedad, fue apenas una parte del problema.
Según reconstruyeron fuentes municipales, durante los últimos meses funcionarios provinciales comenzaron a mantener reuniones con distintos intendentes para discutir modificaciones en los prestadores del servicio.
Varios jefes comunales interpretaron esos movimientos como una presión para abandonar determinados esquemas y avanzar hacia otros prestadores vinculados a actores con fuertes vínculos a la cartera de Transporte, que también aparecen mencionados dentro del universo de las fotomultas, lo que consideraron, por lo menos, desrprolijo.
Un intendente de la segunda sección electoral expresó “nos llaman al Ministerio, nos dan un alcoholímetro y nos piden firmemos con una Fundación que ni siquiera conocemos y supuestamente estaba antes bajo control de una subsecretaria actual del Ministerio como garantía”. “Ah y nos suben la foto al Instagram”, se queja.
Otro alcalde, de la séptima sección, alegó indignado: “Primero nos meten en una causa por el denunciante serial amigo de ellos y después nos quieren decir con quién tenemos que trabajar“.
