La Confederación General del Trabajo (CGT) tendrá este jueves una discusión clave para definir el nuevo plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, en medio de un clima de tensión interna entre los sectores que impulsan protestas escalonadas “a la francesa” y los dirigentes que presionan por un paro general de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo.
El Consejo Directivo cegetista debatirá desde las 14 horas, en su sede de la calle Azopardo, las “acciones gremiales” que la central obrera activará frente a la administración libertaria. Durante la previa de la cumbre sindical, todos los sectores coincidieron en la necesidad de pasar a la ofensiva, aunque las diferencias aparecen en la modalidad, la intensidad y el alcance de las medidas de fuerza.
En primera instancia, la conducción de la CGT llegará al encuentro con una propuesta de conflicto sectorial y sostenido en el tiempo, inspirado en las protestas que tuvieron lugar en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron en 2023. Este esquema contempla volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades, paros rotativos en transporte e industria, asambleas en fábricas y movilizaciones a distintos ministerios.
Vale mencionar que este “modelo francés” tiene como principal impulsor a Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), quien sostiene que los paros generales aislados pierden eficacia frente a un Gobierno que no modifica su rumbo. A ese planteo también adhiere Juan Pablo Brey, del gremio de aeronavegantes, con la idea de sostener la conflictividad durante varios meses sin cargar todo el costo salarial sobre los trabajadores.
En tanto, la propuesta ganó terreno entre los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, que buscan evitar una nueva huelga general sin garantías de alto acatamiento. Dentro de la cúpula gremial, los dirigentes advierten que una medida aislada podría quedar sin impacto político y derivar en descuentos salariales o pérdida del presentismo para los trabajadores que adhieran.
“Ya tenemos claro el diagnóstico y el rumbo que persigue este gobierno. No hay margen para hacerse el distraído y es con pelea, con lucha, con resistencia, y siendo muy inteligentes también porque en alguna medida tenemos que cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras”, sostuvo Jerónimo.
En las antípodas, un puñado de sindicalistas de peso como Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Mario Calegari empujan un nuevo paro general de 36 horas, con movilización a la Plaza de Mayo. El sector díscolo considera que la única forma de forzar un replanteo de la actual conducción nacional es paralizar por completo las actividades, por lo que rechazó las protestas escalonadas y reclamó una medida de fuerza más contundente.
Ante este escenario, la discusión de fondo excede el formato de la protesta y vuelve a exponer la disputa por el control de la CGT. Mientras el ala dialoguista intenta sostener una estrategia gradual contra Milei, los sectores que perdieron peso en la conducción acusan cierta “pasividad” y buscan endurecer el perfil opositor de la entidad gremial, en una pulseada que este jueves tendrá un capítulo decisivo.
El ala dura de la CGT presiona con un paro de 36 horas y tensiona la estrategia sindical
En la reunión que encabezó Barrionuevo con una veintena de dirigentes sindicales, los gremios más combativos también acordaron llevar una jugada de fuerte impacto político. Los referentes del espacio propusieron entregar las obras sociales al Gobierno nacional para que la administración libertaria asuma su gestión, ante el agravamiento financiero del sistema y la falta de respuestas oficiales.
La postura más extrema quedó reflejada en la propuesta de Maturano, que planteó la posibilidad de ocupar las vías durante una huelga general para garantizar que no circule ningún tren. Esta alternativa abre un frente de conflicto adicional, ya que la Ley de Modernización Laboral reglamentó el derecho de huelga con servicios mínimos obligatorios en actividades “esenciales y trascendentales”, como transporte, salud y educación.
El condicionamiento también encuentra respaldo en la llamada Ley Bases N°27.742, que considera una grave injuria laboral “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.
