La diputada bonaerense del bloque de Coalición Cívica (CC), Romina Braga, expresó su preocupación por el uso de los recursos del Impuesto al Combustible destinados al mantenimiento de las rutas nacionales, luego de que trascendiera que el Gobierno de Javier Milei colocó gran parte de esos fondos en instrumentos financieros.
Es que, el vocero presidencial Adrián Ravier admitió que el Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo, retiene parte de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles, que por ley debe destinarse al arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales, para sostener el equilibrio fiscal.
Según advirtió Braga, los recursos atribuidos al Sistema Vial Integrado (SisVial) habrían alcanzado $1,5 billones en lo que va la gestión de Milei. “Durante dicho período se habrían destinado sólo $394.000 millones a obras”, alertó la lilita.
En el texto, la legisladora resaltó que a la subejecución de los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales se sumó que, al 31 de mayo de 2026, $1 billón de lo recaudado se encontraba colocado en inversiones financieras, mientras que otros recursos permanecían depositados en cuentas bancarias.
Al respecto, la diputada bonaerense que responde a Elisa “Lilita” Carrió recalcó: “Esta situación merece especial atención por tratarse de recursos públicos vinculados a una finalidad de infraestructura que requiere continuidad, planificación y capacidad de respuesta”.
“La existencia de fondos disponibles en magnitudes significativas, simultáneamente con necesidades insatisfechas de conservación y rehabilitación de rutas, plantea la necesidad de conocer con precisión los criterios utilizados para decidir cuándo y cómo esos recursos son aplicados”, expresó Braga en los considerandos del texto.
Para la diputada bonaerense, la cuestión adquiere una relevancia aún mayor para la provincia de Buenos Aires, que posee una extensa red de rutas nacionales y que cumplen una función estratégica en la conexión entre sus principales centros urbanos, áreas industriales, zonas rurales, corredores productivos, puertos y nodos logísticos.
“Su deterioro no representa únicamente un problema de infraestructura: también puede traducirse en mayores costos de transporte, pérdida de competitividad, dificultades para el desarrollo de las economías regionales y mayores riesgos para quienes las utilizan”, amplió la legisladora.
En ese sentido, Braga señaló que resulta razonable que los recursos públicos afectados al financiamiento vial sean administrados bajo criterios de eficiencia, transparencia, previsibilidad y oportunidad, procurando que su utilización responda a las necesidades concretas de la red y no únicamente a decisiones financieras de corto o mediano plazo.
“La colocación temporal de fondos públicos puede constituir una herramienta legítima de administración de liquidez cuando resulta necesaria para preservar el valor de los recursos o atender compromisos futuros”, reconoció la diputada provincial.
Sin embargo, Braga subrayó que “cuando la acumulación de activos financieros adquiere una dimensión significativa y se prolonga en el tiempo, corresponde garantizar que existan mecanismos adecuados para conocer las razones, los plazos y los objetivos de dichas decisiones”.
“Es necesario que cualquier modificación en los mecanismos de administración, conservación o financiamiento de la red vial nacional esté acompañada por información clara respecto del destino de los recursos públicos ya existentes y de las obligaciones que permanecerán bajo responsabilidad estatal”, concluyó Braga.
