Como se sabe, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, enviado para su tratamiento por el Poder Ejecutivo, con 44 votos a favor que fueron aportados por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y algunos bloques provinciales.
Con esta nueva norma, el Gobierno pretende captar los dólares que los argentinos tienen fuera del circuito financiero a través de beneficios que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 y favorecen a mediados y grandes ahorristas como nunca se había hecho hasta ahora.
Se trata de una segunda iniciativa del oficialismo en el mismo sentido luego del fracaso de la primera ley con la misma denominación, y no solo flexibiliza las condiciones del esquema original sino que redefine la relación entre el contribuyente y el fisco al introducir inéditos incentivos de «blindaje» para quienes blanqueen dólares.
Las claves del nuevo blanqueo de dólares
La Ley Inocencia Fiscal II, convertida en ley este jueves por el Senado, busca incentivar la formalización de ahorros y la entrada de dólares al sistema financiero mediante importantes beneficios impositivos y seguridad jurídica.
Sin topes patrimoniales
- A diferencia de la primera versión de la ley, cuyo alcance fue limitadísimo y por tanto el Gobierno decidió enviar un segundo proyecto “complementario” al anterior, se eliminan los límites de ingresos y bienes, de manera que cualquier persona humana puede ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, abriendo la puerta de los beneficios a medianos y grandes patrimonios.
Presunción de exactitud
- A partir de ahora, la ARCA estará obligada a dar por válidas las declaraciones juradas del contribuyente, y no podrá iniciar investigaciones de oficio basadas en estimaciones generales; para cuestionar una declaración, el Estado debe presentar pruebas objetivas.
«Tapón Fiscal»
- El “tapón fiscal” funciona como un bloqueo que impide reclamos retroactivos por el Impuesto a las Ganancias y el IVA. Si se detecta una diferencia superior a $5 millones, el contribuyente tiene un plazo de 15 días para pagarla y mantener el beneficio.
Menos burocracia
- La nueva ley elimina la obligación de reportar el patrimonio al inicio y cierre del ejercicio, y ya no es necesario justificar los consumos del período; los fondos formalizados solo se reportarán en la declaración anual de Bienes Personales.
