El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, resolvió en las últimas horas frenar los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires y ordenó devolver de manera inmediata lo cobrado durante agosto.
Es que, a raíz de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que conduce Guido Lorenzino, el magistrado canceló las subas que había autorizado la administración de Axel Kicillof, a través de la Resolución 585/2026.
La resolución cuestionada estableció un nuevo cuadro tarifario desde el 1° de agosto, con modificaciones sobre los componentes provinciales de la tarifa, principalmente el Valor Agregado de Distribución (VAD).
Entre los argumentos, la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó que la administración provincial autorizará un aumento de luz sin realizar una audiencia pública ni habilitará un mecanismo formal de participación de los usuarios.
Ante la acusación, el Ejecutivo provincial sostuvo ante la Justicia que no era necesaria una nueva audiencia, ya que los aumentos formaban parte de una etapa de transición tarifaria vinculada a la emergencia energética.
Además, desde la administración de Axel Kicillof informaron que los criterios generales utilizados para determinar las tarifas habían sido discutidos en audiencias públicas realizadas en 2016.
Para el magistrado, los usuarios deben contar con información y participación antes de que se establezcan nuevos valores para un servicio público, al mismo tiempo que cuestionó el tiempo transcurrido desde la última audiencia pública.
“Hace diez años que no se realiza una audiencia pública, pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios”, alegó Lorenzino.
Además, el juez recalcó: “No es posible predicar la legitimidad de un aumento tarifario sin que se haya previsto ni garantizado, de algún modo previo y eficaz, la información y consecuente participación de los usuarios en la toma de decisión”.
De esta manera, el juez solicitó revertir los aumentos de las distribuidoras provinciales EDES, EDELAP, EDEA y EDEN, quedando por fuera EDENOR y EDESUR, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Un dato no menor es que, la medida cautelar puede sostenerse como extensible también a los usuarios abastecidos por cooperativas y distribuidores municipales, porque el juez no se limitó únicamente a imponer una conducta a las cuatro distribuidoras provinciales demandadas, sino que dispuso suspender la Resolución MIySP N° 585/2026 y restablecer el cuadro tarifario anterior.
