La Justicia frenó por seis meses el plan de ajuste del Gobierno en el INTA, que incluía despidos, cierres de dependencias y cambios en la estructura del organismo.
La medida fue dictada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a partir de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El magistrado ordenó suspender de manera inmediata la aplicación de la Resolución 20/2026, impulsada por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich.
La normativa disponía el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la clausura de nueve agencias y el traspaso de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en el marco de la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.
En su resolución, el juez consideró que la medida resulta «manifiestamente arbitraria e ilegítima» por carecer de fundamentos suficientes, apoyarse en normativa presuntamente sin vigencia y contradecir la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Además, advirtió que afecta derechos vinculados al acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el trabajo y la estabilidad laboral en el sector público.
Por ese motivo, ordenó a las autoridades del organismo abstenerse de avanzar con la eliminación de áreas y funciones, el traslado de trabajadores, los pases a disponibilidad, las desvinculaciones de personal técnico, el movimiento de equipamiento y cualquier proceso de cesión, venta o subasta de inmuebles.
La cautelar contra el ajuste libertario
La resolución judicial fue celebrada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que el fallo vuelve a exponer «la ilegalidad con la que actúa este Gobierno». El dirigente sostuvo que el sindicato continuará enfrentando las políticas oficiales en todos los ámbitos y cuestionó el intento de desmantelar organismos estratégicos del Estado.
La cautelar también impacta sobre el proceso de reducción de personal impulsado por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, el INTA había puesto en marcha un nuevo programa de retiros voluntarios destinado a trabajadores de planta permanente, como parte de la política de ajuste aplicada sobre distintos organismos públicos.
El esquema, aprobado por el Consejo Directivo del organismo y oficializado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, contemplaba el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a un salario y medio por cada año trabajado para quienes contaran con al menos tres años de antigüedad.
Además, quienes adhirieran al retiro voluntario no podrían reincorporarse al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, con excepción de los cargos docentes en universidades nacionales. Según denunciaron los gremios, el objetivo de la medida era reducir la planta del organismo en al menos mil trabajadores.
Minutouno
