Luego del encuentro que mantuvieron la semana pasada, el Gobierno nacional y las universidades públicas dieron un nuevo paso de entendimiento para firmar el acuerdo para incrementar los salarios de los docentes universitarios un 24%, tras varias semanas de negociaciones. De la firma participarán el Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios, aunque las casas de estudio adelantaron que mantendrán la demanda judicial para que Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
Es preciso mencionar que, la propuesta económica acordada contempla un aumento del 21,33% para los salarios de junio y una suba adicional del 3% en octubre. Además, el Gobierno y los gremios que nuclean a los docentes universitarios prevén retomar las negociaciones paritarias cada tres meses, con el objetivo de monitorear la evolución de la inflación y revisar la situación salarial durante el resto de 2026.
En tanto, el acuerdo al que llegaron las universidades con la administración de La Libertad Avanza también incluye una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios, recursos que no estaban contemplados en el presupuesto vigente. Ese monto se sumaría a los $80.000 millones ya previstos para esos centros de salud, cuya distribución venía siendo reclamada por los rectores y máximas autoridades de cada casa de estudio.
A su vez, la oferta de la administración libertaria incorporó un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento y una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, que permanecen congeladas en $81.685 desde 2024. Según fuentes que participan de las conversaciones, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida de $800.000 millones para el sistema universitario, aunque desde el sector académico consideran que esos recursos permitirían afrontar los compromisos económicos contemplados en la propuesta.
Cabe mencionar que, uno de los principales puntos de conflicto durante las negociaciones con los representantes de los docentes universitarios fue la exigencia del Gobierno nacional para que el CIN desistiera de la demanda judicial vinculada a la ley de financiamiento. Sin embargo, los rectores rechazaron esa posibilidad y sostuvieron su decisión de mantener abierta la vía judicial.
“Nos mantuvimos firmes en esa postura”, señalaron los docentes universitarios, que ofrecieron como alternativa informar ante la Justicia que tramita la causa por la Ley de Financiamiento que las partes “se encuentran avanzando en un acuerdo”, aunque sin renunciar al reclamo por el cumplimiento de la norma aprobada y ratificada por el Congreso. “No estamos dispuestos a renunciar a la ley”, enfatizaron.
Las conversaciones formales fueron encabezadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en representación del Gobierno nacional, mientras que por el CIN participaron su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y el vicepresidente Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
Por su parte, los rectores destacaron la voluntad de diálogo del Ejecutivo, aunque insistieron en mantener las herramientas institucionales que impulsaron durante el conflicto. “No hay margen para eso. Valoramos la buena voluntad, pero necesitamos un resguardo. Habrá que seguir conversando. Lo importante es mantener abiertos los canales de diálogo sin renunciar a las herramientas institucionales que nos llevaron hasta aquí”, completaron las autoridades universitarias.
Es que, la demanda judicial presentada por las universidades había derivado en una medida cautelar favorable, ratificada en dos oportunidades. Sin embargo, tras la presentación de un recurso federal extraordinario por parte del Ejecutivo nacional, la cautelar quedó suspendida y ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá resolver el planteo, sin un plazo determinado para expedirse.
Mientras continúan las negociaciones, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales realizaron una clase pública frente a la Corte Suprema para reclamar una resolución favorable. “Esperamos que fallen a favor de las universidades y del derecho a la educación de millones de argentinos”, afirmó el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho.
