El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó este miércoles que pedirá una sesión especial para derogar el decreto 70/23, tras el fallo de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras.
Martínez hizo el anuncio antes del debate sobre el proyecto de Soberanía sobre las Islas Malvinas que se debate en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.
La reunión se realiza en un clima caldeado debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ayer revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales.
Marcha de la bronca
En tanto, la UTEP tiene previsto reunirse este viernes y convocar al resto de las agrupaciones para repudiar a la Corte Suprema en su sede.
La bandera principal será el reclamo contra la “Extranjerizacion de la Tierra”, pero las organizaciones también reclaman desde hace tiempo la restitución del plan Volver al Trabajo.
A pedir del Gobierno
La Corte Suprema de Justicia derogó el fallo que declaraba inconstitucional el decreto 70/2023 que la gestión de Javier Milei había dictaminado por la Ley de Tierras.
El Máximo Tribunal desestimó una demanda interpuesta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia al inicio de la presidencia de La Libertad Avanza.
En un primer momento, la Cámara Federal de La Plata había avalado el recurso de amparo de los ex combatientes quienes denunciaban que al eliminar la protección normativa se facilitaba la extranjerización del territorio y la creación de latifundios, lo que afectaba de manera directa la soberanía nacional y la integridad territorial de Argentina.
Pero en un fallo firmado este martes, la Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.
«Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia», apunta la sentencia firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
