El Colegio de Médicos bonaerense esta semana salió al cruce del diputado del monobloque Derecha Popular, Juan José Esper, por su proyecto para blindar a los profesionales de la salud que ejerzan la objeción de conciencia y evitar que sean sancionados por negarse a intervenir en prácticas médicas por motivos éticos, morales o religiosos.
Según la entidad que nuclea a los médicos bonaerenses, la iniciativa de Esper cuenta con “conceptos malintencionados y falsos, distorsiona flagrantemente la realidad y es opuesta a la histórica postura” de la institución. En ese sentido, los profesionales de la salud recordaron que su Código de Ética ya contiene un capítulo de la objeción de conciencia.
“El Colegio de Médicos bonaerense tiene un capítulo específico a la objeción de conciencia de los profesionales señalando que se trata de un derecho imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional y que de ella no se puede derivar ningún tipo de perjuicio para el médico que la invoca”, esgrimió el organismo.
En concreto, la iniciativa de Esper pretende que ningún profesional de la salud matriculado en suelo bonaerense sea objeto de sanciones disciplinarias, apercibimientos, exclusión de padrones ni perjuicios en sus incumbencias laborales o profesionales por parte de la entidad de colegiación obligatoria, en virtud del ejercicio legítimo de su libertad de conciencia.
Por caso, los médicos bonaerenses sostuvieron que el “rol de policía delegado” del Colegio no constituye una herramienta de persecución, sino que funciona como garantía para que la práctica se ejerza “con solvencia científica, decoro y apego irrestricto a los códigos de ética”. “Acusar a las entidades de ‘avasallar derechos individuales’ constituye un ataque infundado a la institucionalidad médica”, subrayaron.
Asimismo, el Colegio argumentó que toda iniciativa que busque modificar la realidad del ejercicio profesional sin conocer las normativas de las entidades que cuentan con matriculados “debe necesariamente fracasar” debido a que desconoce las condiciones de los médicos de “vigilar” el ejercicio de forma responsable.
“Mientras se intenta instalar un falso debate sobre supuestos abusos regulatorios, la colegiación médica concentra sus esfuerzos en problemáticas urgentes que deterioran el sistema sanitario: la precarización en las cartillas del PAMI, el atraso crítico en los honorarios médicos, la cobertura de calendarios de inmunización y la defensa irrestricta del derecho a la salud ante decisiones de política sanitaria que desamparan a la población”, cerraron los médicos.
Qué dijo Esper en su proyecto de ley de objeción de conciencia para médicos
Según advirtió Esper, en el último tiempo se observó con profunda preocupación cómo diversas entidades colegiadas, haciendo un uso desmedido del poder de policía delegado por el Estado, emiten comunicados y resoluciones corporativas que pretenden imponer directivas técnicas y éticas obligatorias a sus matriculados, avasallando derechos fundamentales individuales.
Al respecto, el legislador recalcó que la libertad de conciencia y de culto de todo ciudadano, especialmente de los profesionales de la salud, se encuentra resguardada por el artículo N° 14 de la Constitución Nacional y por los principales tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.
Por lo tanto, Esper subrayó que la delegación del control de la matrícula y la ética profesional en personas jurídicas de derecho público no estatal, como los Colegios Profesionales, no constituye bajo ningún punto de vista un cheque en blanco para el establecimiento de prerrogativas absolutas o persecuciones veladas.
“Las instituciones corporativas deben recordar que su función primordial es velar por la jerarquización de la profesión y el correcto ejercicio técnico, subordinándose siempre al ordenamiento jurídico supremo y respetando pluralidad y la libertad de sus miembros”, enfatizó Esper.
En ese sentido, el diputado bonaerense señaló que permitir que un comunicado o resolución interna de un Consejo Superior actúe como un tribunal de disciplina implícito sobre las convicciones de los trabajadores de la salud significa vulnerar la seguridad jurídica y degradar las instituciones de la provincia de Buenos Aires.
“Es indispensable fijar límites legislativos claros que impidan el uso de herramientas administrativas para restringir derechos civiles consagrados, por todo ello y con el fin de resguardar el derecho a la vida, la libertad y la objeción de conciencia de quienes cuidan la salud de los bonaerenses, solicitó que acompañen este proyecto”, concluyó Esper en la iniciativa.
