El Gobierno nacional prepara un nuevo capítulo de la “motosierra” sobre el Estado, con un decreto que establecerá un régimen de retiros voluntarios para empleados públicos y que será publicado en los próximos días.
De acuerdo a los trascendidos, la medida alcanzará al personal civil de planta permanente de la administración pública nacional centralizada y de los organismos desconcentrados, mientras que las inscripciones comenzarán durante el próximo mes noviembre.
La iniciativa forma parte del plan de la gestión de Javier Milei para continuar con la reducción de la dotación estatal, que desde noviembre de 2023 acumula más de 74 mil puestos menos entre la administración pública y las empresas del Estado, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.
Según medios nacionales, el Ejecutivo ya terminó de confeccionar el decreto y espera que la convocatoria alcance como mínimo a más de 1.000 trabajadores estatales. El actual conducción nacional orientará el régimen principalmente a empleados que ya cuentan con la edad y los aportes necesarios para jubilarse, a quienes alcanzaron la edad jubilatoria pero todavía adeudan años de aportes y a trabajadores más jóvenes que quieran abandonar la función pública.
En tanto, el esquema establecerá montos diferentes según la situación de cada empleado, aunque los detalles económicos todavía no trascendieron públicamente. Para quienes estén en condiciones de jubilarse pero todavía no hayan completado los aportes, la administración libertaria contempla que el dinero del retiro pueda destinarse al pago de una moratoria, mientras que aquellos que ya reúnan los requisitos podrán iniciar los trámites para dejar la administración pública.
En primera instancia, la nueva etapa de retiros no alcanzará a los organismos descentralizados, aunque sí comprenderá a las dependencias desconcentradas que forman parte de la administración central y carecen de personalidad jurídica propia.
Vale recordar que las autoridades libertarias ya aplicaron mecanismos similares en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mientras que también hubo aproximaciones en el PAMI, Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en el INTA, donde el programa ofreció el equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad de cada trabajador. El Gobierno buscaba alcanzar unas 1.200 desvinculaciones, pero el esquema terminó con 905 adhesiones, equivalentes al 75,4% de la meta oficial y al 15,7% de la planta que tenía el organismo a comienzos de año.
La inminente medida despertó el rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó los retiros como “despidos encubiertos” y anticipó que el gremio alentará a los estatales a no adherir al régimen. “No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”, advirtió el dirigente sindical ante el avance de la iniciativa.
Por último, Aguiar también cuestionó la posibilidad de extender el mecanismo de manera generalizada y sostuvo que cada caso depende de los convenios colectivos sectoriales, la Ley de Contrato de Trabajo y la normativa de empleo público correspondiente.
La motosierra de Milei ya recortó más de 74 mil puestos en el Estado
En concreto, el Gobierno de Milei redujo en 74.332 personas la dotación del Estado nacional entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una caída del 21,6% que comprende tanto a la administración pública como a las empresas estatales. De esta manera, la cantidad total de trabajadores pasó de 343.357 a 269.025 desde el inicio de la gestión libertaria.
La administración pública nacional concentró 51.218 de esas desvinculaciones, tras pasar de 233.098 empleados al comienzo del mandato mileísta a 181.880 en agosto pasado, una contracción del 22%. Por su parte, las empresas y sociedades del Estado redujeron su planta de 110.259 a 87.145 trabajadores, lo que representa 23.114 puestos menos y una baja, en este caso, del 21%.
Dentro de la estructura nacional, la administración centralizada, que comprende a los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, sufrió la mayor reducción proporcional, con una caída del 32,8% y 18.315 empleados menos. En términos absolutos, el mayor ajuste ocurrió en la administración descentralizada, que pasó de 136.763 a 109.988 trabajadores y perdió 26.775 puestos.
Finalmente, algunos organismos y empresas atravesaron recortes todavía más profundos, con Télam, reconvertida en la Agencia de Publicidad del Estado, como uno de los casos más significativos, ya que su planta cayó de 810 a 167 trabajadores, una disminución del 79,4%. Otras áreas históricas como Educar pasaron de 446 a 167 empleados, mientras que Contenidos Públicos bajó de 234 a 103 y Casa de Moneda redujo su personal de 1.411 a 694 trabajadores.
