El endeudamiento entre las personas jubiladas continúa en aumento y ya alcanza a más de cuatro millones de adultos mayores en todo el país. Según el último informe de Provincia Microcréditos, del grupo Bapro, dedicada a la inclusión financiera y el desarrollo productivo, el 44,6% de quienes se encuentran en edad jubilatoria mantiene deudas activas. Al mismo tiempo, crecen la mora, el uso de ahorros, los préstamos para cubrir gastos cotidianos y la necesidad de seguir trabajando después del retiro.
La cifra, que se mantuvo estable en torno al 40% hasta mediados de 2023, comenzó a acelerarse en la segunda mitad del año pasado y hoy supera los niveles previos.
El fenómeno se da en un contexto de deterioro general del crédito en los hogares argentinos. A nivel nacional, la irregularidad alcanzó el 12,8% en mayo, muy por encima del máximo de la pandemia (5,1%). En la provincia de Buenos Aires, la situación es aún más crítica, con una tasa de morosidad del 18,6%.
El estudio analiza la evolución de los ingresos previsionales, el acceso al crédito y las dificultades de pago de un universo superior a nueve millones de mujeres mayores de 60 años y varones mayores de 65. El dato más relevante es que casi la mitad de ese grupo arrastra saldos pendientes, una proporción que se ubica cerca de cinco puntos porcentuales por encima de la registrada en 2022.
“La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores”, advirtió el informe.
El estudio atribuye parte de este deterioro a la caída del poder de compra de las jubilaciones. Según el informe, la jubilación mínima, incluso considerando los bonos compensatorios, perdió un 19% de su poder adquisitivo en términos reales respecto de noviembre de 2023.
Ese cálculo se realiza utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que no contempla el peso específico que tienen en la canasta de los adultos mayores rubros como medicamentos, atención médica, alimentos y servicios básicos.
En varios períodos, esos bienes y servicios registraron aumentos superiores al promedio de la inflación, por lo que el deterioro efectivo del poder adquisitivo podría ser aún mayor.
“Si bien la pérdida acumulada alcanza el 30% respecto de comienzos de 2018, la comparación con noviembre de 2023 permite observar con mayor claridad el deterioro reciente experimentado por los ingresos previsionales”, sostuvo el informe.
Otros relevamientos privados confirman la dimensión del problema para el conjunto de la población. De acuerdo a un procesamiento de datos del Banco Central realizado por la consultora EcoGo, unos 20,9 millones de personas tienen hoy algún tipo de línea de crédito vigente, de las cuales cerca de 5,8 millones registra atrasos superiores a los 90 días.
Ese trabajo también marca que los incumplimientos son bastante mayores entre quienes se financian con entidades no bancarias —alrededor del 28%— que entre los clientes de bancos tradicionales —12,8%—, en parte porque las tasas de las financieras no bancarias resultan varias veces superiores a la inflación, lo que empuja a muchos deudores a priorizar el pago al banco antes que a otros acreedores.
