Sin los votos necesarios, la titular de la bancada libertaria en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, resolvió que la sesión de este jueves pase a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, lo que consolidó una nueva derrota legislativa para el oficialismo, sobre un proyecto de ley por demás manoseado.
Es que, el nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo nacional que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión de Javier Milei y luego juegan muy en contra del jefe de Estado libertario.
En rigor, desde marzo que Bullrich, salvo una excepción, el pago a dos fondos buitrea, no puede aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. La ley en conflicto de este jueves, que es empujada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica cuestiones centrales en expropiaciones, desalojos, el manejo del fuego, quita décadas sin movimientos tras incendios y, como cuestión más polémica, el limite de venta de tierra a extranjeros.
Un dato no menor es que, a primera hora, cuando había dudas sobre el quórum, trascendió que el dictamen de la bancada violeta había sufrido una quinceava modificación. Los aliados se pusieron firmes en incorporar el artículo que habilita a las provincias a crear su propio régimen en rigor de la venta de tierras a extranjeros, pero el oficialismo no dio lugar. Por tal motivo, el oficialismo no logró cerrar las voluntades necesarias y frenó lo que podría haberse constituido como un mega papelón: la normativa rechazada.
Congreso: La Libertad Avanza logró el quórum en el Senado para votar una ley clave para Milei
Con 37 senadores presentes y 35 ausentes, La Libertad Avanza logró reunir el quórum necesario para iniciar la sesión convocada para este jueves en el Senado de la Nación en la previa de receso invernal, donde el oficialismo intentará darle luz verde al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei y de una serie de pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino.
Cabe mencionar que, la decisión de convocar a la sesión fue acordada la semana pasada durante una reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas consensuaron el temario tanto para este jueves como para la sesión prevista para el 6 de agosto. Sin embargo, hasta hace unos minutos desde el Senado alertaban que la asistencia de los legisladores aún no estaba garantizada, ya que en varias provincias el receso escolar comenzó antes que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Mientras aguardaba el número final de senadores que bajarían al recinto, la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo una reunión junto a los legisladores de la Cámara alta de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, y otros jefes de banca. Es que, el Senado tiene que votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, suspendida ya tres veces, y aún negocia los retoques a la misma, especialmente en el tema de la venta de tierras a extranjeros.
De esta manera, la iniciativa sobre propiedad privada, elaborada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego. Según el proyecto, el objetivo es “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.
No obstante, durante su tratamiento legislativo el texto sufrió modificaciones importantes, como la eliminación completa del capítulo referido a la ley de barrios populares y la introducción de cambios en los apartados vinculados con la compra de tierras por extranjeros, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.
En materia de extranjerización de tierras, el proyecto elimina las restricciones generales para la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas extranjeras y establece que serán las provincias las encargadas de autorizar esas operaciones, aunque mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo nacional, mientras que en las zonas de frontera también será necesario el aval del Congreso. Además, si en un plazo de 180 días no hubiera objeciones de las autoridades competentes, regirá el principio de silencio administrativo y la compra quedará habilitada.
Al mismo tiempo, la iniciativa modifica el régimen de desalojos al establecer que en los casos de inmuebles usurpados o de ocupaciones precarias, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del bien si considera verosímil el derecho invocado por el propietario y este presenta la documentación correspondiente. El proyecto prevé que el magistrado intime la devolución del inmueble dentro de las 72 horas, mientras que para los inquilinos con deudas mantiene un procedimiento distinto que incluye una intimación previa mediante carta documento o correo electrónico y un plazo mínimo de diez días para regularizar la situación antes de iniciar la acción judicial.
Otro de los puntos incorporados establece que los propietarios no podrán negarse a recibir las llaves de una vivienda al finalizar un contrato, aunque podrán dejar constancia de las deudas pendientes para reclamarlas posteriormente. En tanto, cuando en el inmueble haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y fijar un plazo que no podrá superar los diez días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin detener el proceso judicial.
Además del proyecto de propiedad privada, La Libertad Avanza buscará aprobar 36 pliegos judiciales. Entre ellos sobresale el del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para extender por cinco años su permanencia en el cargo antes de cumplir los 75 años el próximo 27 de julio. Ante la posibilidad de que el tratamiento vuelva a demorarse, el magistrado presentó un recurso de amparo para continuar en sus funciones una vez alcanzado ese límite de edad.
En el listado también figura la designación de Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, para ocupar un juzgado en Lomas de Zamora que tendrá competencia sobre la causa que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio. De concretarse la aprobación de todos los pliegos, La Libertad Avanza habrá logrado cubrir 110 cargos judiciales en los últimos meses, sobre un total cercano a las 300 vacantes existentes en la Justicia.
La Libertad Avanza llega con dudas sobre el quórum y busca evitar otro traspié en el Senado
Cabe mencionar que, la convocatoria también representa una prueba para la ex ministra de Seguridad y presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que desde marzo no logra reunir los votos necesarios para aprobar una ley considerada prioritaria por la Casa Rosada, con la única excepción del proyecto vinculado al pago de dos fondos buitre.
La incertidumbre se mantuvo durante toda la semana. Tras la caída de la última sesión, el oficialismo decidió convocar para las 10 de la mañana a una reunión entre libertarios y aliados, apenas dos horas antes del horario previsto para el inicio del debate, con el objetivo de despejar dudas y definir si existían las condiciones para bajar al recinto. Aunque entre el lunes y el martes las posibilidades de sesionar crecieron, la aparición de nuevos borradores del proyecto y un posible inconveniente con dos senadores misioneros volvieron a poner en duda el quórum hasta último momento.
Las complicaciones también estuvieron atravesadas por los reiterados cambios que sufrió la iniciativa impulsada por Sturzenegger, ya que el dictamen para la ley de propiedad privada acumuló quince versiones distintas antes de llegar al recinto, un proceso que generó malestar entre los bloques y alimentó el clima de zozobra. Incluso, uno de los últimos cambios eliminó la figura del “silencio administrativo” para la compra de tierras rurales por parte de empresas con participación estatal extranjera, mientras se mantuvo la prohibición para que otros Estados adquieran este tipo de inmuebles y la necesidad de autorizaciones especiales en las zonas de frontera.
