La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este viernes suspender los efectos del artículo 154 del denominado “Mega DNU” 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales (26.737), por lo que volvieron a regir las restricciones sobre la compra de campos por parte de extranjeros.
La decisión del máximo tribunal, que tuvo lugar durante un acuerdo extraordinario, respondió a un pedido de medida cautelar presentado por la asociación rionegrina Árbol de Pie y otros particulares, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la derogación por sus posibles consecuencias ambientales. De esta manera, la suspensión tendrá carácter provisorio hasta que el Juzgado Federal de Bariloche finalmente resuelva sobre la legitimación de los demandantes y la medida cautelar solicitada.
En concreto, los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, consideraron necesario dictar una medida interina para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños ambientales irreparables. Por su parte, el magistrado Carlos Rosenkrantz votó en disidencia al sostener que la Corte carecía de competencia para adoptar una resolución de esas características.
En los fundamentos de la sentencia, los integrantes del máximo tribunal advirtieron que la demanda involucra “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultaba necesario intervenir para “evitar la producción de daños irreparables”. Asimismo, los magistrados señalaron que los tribunales inferiores todavía no habían dado respuesta a los planteos de los demandantes, pese al tiempo transcurrido desde el inicio del expediente.
Vale recordar que la asociación civil Árbol de Pie inició a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante los tribunales federales, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo en cuestión del mega DNU libertario, oficializado durante los primeros días de la gestión de Javier Milei. La presentación invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y establece la obligación de preservar los recursos naturales y la diversidad biológica.
Sin embargo, en febrero de 2024, el tribunal barilochense remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba una causa similar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). Posteriormente, en julio de ese año, la Cámara elevó las actuaciones a la Corte Suprema, sin que ninguna de las instancias judiciales se pronunciara sobre la legitimación de los actores ni sobre la cautelar solicitada.
El nuevo pronunciamiento llegó apenas diez días después de que el alto tribunal revocara, el pasado 29 de septiembre, la sentencia del órgano platense que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. En aquella oportunidad, la máxima instancia judicial del país rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación para impulsar la acción, sin pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto presidencial.
A raíz de aquella resolución, la eliminación de las restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros había recuperado sus efectos, lo que reavivó el debate político sobre el alcance del decreto presidencial. No obstante, el nuevo expediente presenta una diferencia central, puesto que la organización ambientalista fundamentó su reclamo en la protección del ambiente, mientras que el colectivo de excombatientes había invocado una afectación de la soberanía nacional.
Con ese telón de fondo, Rosenkrantz consideró que la Corte Suprema debía devolver el expediente al juzgado federal de la ciudad rionegrina sin suspender la derogación de la normativa, dado que el máximo tribunal carecía de competencia para dictar una medida cautelar en esas condiciones. En tanto, la postura minoritaria habría mantenido los efectos del artículo hasta que el juzgado competente adoptara una decisión sobre los planteos de los demandantes.
Tras conocerse la resolución, el jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, se hizo eco de la decisión judicial y aprovechó para cuestionar los argumentos sobre la situación electoral de su conductora política, la expresidenta Cristina Kirchner.
“Al final la Corte sí revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana”, sostuvo el legislador de La Cámpora, quien apuntó contra aquellos que cuestionan la posibilidad de participación electoral de la exmandataria porque, según consideró, les conviene que permanezca detenida.
La decisión de la Corte Suprema reconfigura las negociaciones por el DNU 70
En paralelo a la disputa judicial, La Libertad Avanza (LLA) busca sostener el respaldo de los bloques dialoguistas y provinciales en el Congreso para evitar que la oposición reúna el quórum necesario en Diputados para avanzar con el rechazo del DNU, en una negociación que incluye concesiones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, cambios en el área de Discapacidad y partidas para obras públicas en el Presupuesto 2027.
Es que, en las últimas semanas, el armado libertario se mostró receptivo a los planteos del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan algunos puntos del decreto, aunque rechazan su derogación completa. Las conversaciones, encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, apuntan a reducir las diferencias antes de la sesión opositora prevista para el 15 de octubre.
En ese marco, el oficialismo convocó para el próximo miércoles 14 de octubre, a las 16 horas, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con el objetivo de incorporar un capítulo sobre extranjerización de tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Una de las alternativas que reúne mayor respaldo entre los aliados contempla restablecer el límite del 15% de la superficie rural bajo titularidad extranjera, aunque todavía no existe un texto definitivo.
De esta manera, la resolución de la Corte Suprema modifica el escenario de las negociaciones parlamentarias, puesto que restablece provisoriamente las restricciones que el Gobierno buscaba recuperar mediante una nueva ley para contener los cuestionamientos de sus aliados. Mientras tanto, desde las filas libertarias intentan evitar que la oposición alcance los 129 diputados necesarios para abrir la sesión del 15 de octubre, en la que podría definirse la continuidad del mega decreto presidencial, rechazado por la Cámara alta en 2024.
