En las últimas horas, la diputada bonaerense del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, cruzó a las empresas petroleras luego de que la comisión de Servicios Públicos de la Cámara baja aprobara un proyecto de su autoría que busca obligar a las expendedoras de combustibles a anunciar las subas de las tarifas con 72 horas de antelación, que desató la crítica de diferentes entidades.
“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un claro intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios“, reclamó la diputada bonaerense.
En rigor, la iniciativa fue aprobada por mayoría este jueves en comisión luego de que YPF dejara de informar los aumentos de precios en las estaciones de servicio y generó una inmediata reacción en el sector energético, que advierten que la medida podría derivar en efectos contraproducentes como el desabastecimiento o una reducción en la competencia entre marcas.
En tanto, el texto que lleva la firma de Rasquetti tiene como principal objetivo “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos y gaseosos”, y se apoya en los principios de defensa del consumidor previstos por la Constitución Nacional y la bonaerense.
En su argumentación, la legisladora del Frente Renovador sostiene que la reciente derogación, a nivel nacional, de la obligación de informar aumentos dejó un “vacío normativo que afecta directamente a los usuarios de las petroleras”, ya que los priva de previsibilidad frente a variaciones de precios que impactan en su economía cotidiana.
De esta manera, el proyecto propone establecer que las petroleras y empresas abastecedoras informen toda modificación en los precios de venta con una antelación mínima de 72 horas corridas, y las estaciones de servicio publiciten los cambios con 48 horas de anticipación en cartelería visible, surtidores y medios digitales oficiales.
Por caso, las sanciones previstas en el proyecto de Rasquetti por incumplimiento a la medida van desde multas equivalentes de 5.000 a 150.000 litros de nafta súper para las petroleras, entre $7,2 millones y $215 millones a valores actuales, e incluso contemplan la suspensión temporaria de la habilitación comercial en caso de reincidencia.
Según Rasquetti, la medida no busca intervenir en la política nacional de precios, sino ejercer las facultades de control y policía administrativa que la provincia de Buenos Aires tiene sobre la comercialización de bienes estratégicos, como el combustible, así como fortalecer el derecho de los consumidores a la información adecuada y veraz.
Sin embargo, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra) advirtió que la obligación de anticipar aumentos puede generar desabastecimiento, ya que los consumidores y operadores adelantarían sus compras al conocer de antemano los nuevos precios. “Esto generaría picos de demanda que llevan inexorablemente al desabastecimiento, tal como hemos vivido en 2023 ante cambios de precios y récords de consumo previos a los aumentos”, señaló el gerente general de la entidad, Fernando Rolando, en una carta enviada a los legisladores.
Al mismo tiempo, Fecra cuestionó la viabilidad operativa de la norma, ya que la legislación actual obliga a mantener visibles los precios vigentes. “Comunicar precios a implementar en un determinado período provocaría confusión y desconcierto entre clientes y empleados, además de dificultar la tarea de operación en nuestras empresas”, advirtió la federación, que agrupa a cientos de expendedores en todo el país.
Otro de los puntos críticos planteados por el sector se relaciona con los esquemas de precios variables que algunas petroleras aplican durante el día para optimizar la demanda, como el caso de YPF. Según Fecra, “esto sería imposible con la obligación de comunicar con 72 horas de anticipación y difundir los valores en medios digitales, ya que implicaría emitir anuncios múltiples por jornada, generando confusión y complicaciones en la rendición de ventas”.
Por su parte, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) sumó su rechazo al proyecto y advirtió que la medida podría “incentivar comportamientos similares entre empresas”, lo que reduciría la competencia efectiva en el mercado e impactaría de forma negativa en los consumidores. En una nota firmada por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, la entidad sostuvo que la uniformidad informativa anticipada “afecta la dinámica competitiva, provoca aumentos repentinos de la demanda y puede derivar en quiebres de stock”.
En ese sentido, los industriales remarcaron que los consumidores ya cuentan con múltiples canales de información actualizada, como los carteles en estaciones de servicio y plataformas digitales, mecanismos que consideran “suficientes para garantizar la transparencia”. Por eso, alertaron que imponer un esquema de anuncios obligatorios con días de anticipación podría distorsionar el mercado y agravar los problemas logísticos en la distribución de combustibles.
