Una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, este miércoles declaró ante la Justicia que desconoce los detalles de la venta del departamento de Caballito que actualmente habita el funcionario de Javier Milei. La testigo buscó desligarse de la investigación y ubicó la operación en manos de sus familiares, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que pone bajo la lupa los movimientos patrimoniales del dirigente libertario.
Esta mañana, Claudia Sbabo brindó testimonio en Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y afirmó que su hijastro, Leandro Miano, intervino en la operatoria junto a Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra propietaria. La mujer sostuvo que ambos gestionaron el negocio inmobiliario que derivó en la adquisición de la propiedad por parte del ministro coordinador.
En su la declaración judicial, la jubilada sostuvo que la oportunidad de inversión surgió a través de Feijoo, a quien vinculó como allegado de Adorni, y afirmó que la operación no incluyó intereses. En relación con sus ingresos, la mujer indicó que percibe $350.000 mensuales y cuenta con fondos provenientes de la venta de otro inmueble, al tiempo que negó conocer a la escribana involucrada, Adriana Nechevenko.
En tanto, la investigación también abarca a Beatriz Viegas, dueña del otro 50% del inmueble ubicado en la calle Miró al 500 de la Ciudad de Buenos Aires, quien ingresó a declarar pasadas las 11 horas en la misma fiscalía. Vale recordar que ambas vendieron el departamento en noviembre de 2025, con un esquema de pago que incluyó un anticipo de USD30.000 , más un saldo de USD200.000 a cancelar en un año sin intereses.
No obstante, la operatoria quedó en el centro de la investigación por las condiciones de financiación y por el vínculo entre las partes, dado que Feijoo mantiene relación con el entorno del jefe de Gabinete. Además, la escribana Nechevenko, que intervino en la operación, justificó el crédito otorgado en declaraciones públicas al señalar que existía un nivel de confianza entre las familias involucradas.
En paralelo, el expediente también incorporó en los últimos días otros movimientos financieros que incluyen préstamos por USD100.000 dólares otorgados por dos agentes policiales, con una tasa de interés del 11% anual. A partir de estos elementos, la causa busca determinar si estas transacciones guardan relación con la compra de otros bienes, como una propiedad en Indio Cuá adquirida en el mismo período.
