El Tribunal Oral Federal N° 5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López a dos años y nueve meses de prisión en suspenso, y a los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente. En la misma resolución, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido resultó absuelto.
La sentencia, dictada por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, incluyó también una pena de dos años y nueve meses en suspenso para el exsubsecretario Abel Fatala. Además, la Justicia resolvió el decomiso de los 206 millones de pesos desviados del presupuesto estatal.
La resolución judicial se leyó en los tribunales de Comodoro Py al filo de la prescripción del caso, en el marco del expediente iniciado por el desvío de fondos públicos entre los años 2008 y 2011, según lo informado por La Nación.
El esquema investigado y los pedidos de pena
De acuerdo con la acusación, de los 748,7 millones de pesos asignados a la fundación para levantar viviendas y centros de salud, un total de 206,4 millones de pesos fue derivado hacia empresas vinculadas a los apoderados. Las adjudicaciones se realizaron de forma directa, sin proceso de licitación previa.
Durante el debate, el fiscal Diego Velasco y la representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), Marianela Teich, habían solicitado penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para los principales acusados por el delito de administración fraudulenta.
Por su parte, las defensas habían reclamado la absolución y planteado la prescripción de la causa al señalar que habían transcurrido seis años desde el último acto interruptivo del proceso, argumento que fue rechazado por los magistrados.
Apelaciones y la causa pendiente por lavado
En la audiencia previa a la sentencia, Sergio Schoklender fue el único imputado que hizo uso de sus últimas palabras y afirmó que no iba a sostener que «la historia me va a absolver», mientras que los demás acusados declinaron intervenir.
Las defensas de los condenados anticiparon que recurrirán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que ninguna de las sanciones aplicadas se encuentra firme.
En paralelo, la Justicia mantendrá abierto un segundo tramo de la investigación enfocado en la ruta del dinero y el presunto lavado de activos hacia sociedades ligadas a la maniobra.
