El diputado bonaerense del bloque de Fuerza Patria (FP), José Ignacio “Cote” Rossi, presentó un proyecto para repudiar y expresar su preocupación ante la persecución, censura y silenciamiento que sufre la Dra. Virginia Aparicio, quien fue recientemente apartada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce.
En ese sentido, el legislador provincial oriundo de Chascomús recalcó que la producción de conocimiento científico requiere condiciones institucionales que permitan investigar, analizar resultados, formular hipótesis, comunicar hallazgos y someterlos a revisión y discusión, pero que nunca pueden desembocar en persecuciones a quienes investigan.
“Es legítimo señalar errores metodológicos, objetar procedimientos, discutir la interpretación o sostener posiciones diferentes, lo que resulta preocupante es que la controversia científica pueda derivar en mecanismos de censura, silenciamiento o persecución contra quienes desarrollan investigaciones”, alertó Rossi.
Al respecto, el diputado bonaerense subrayó que las diferencias respecto a una investigación deben poder canalizarse mediante instancias institucionales, científicas y académicas, sin afectar el derecho de las y los investigadores a desarrollar su trabajo y comunicar sus resultados.
Es que, la investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Balcarce, Virginia Aparicio, se desempeñó como coordinadora del proyecto internacional SPRINT, iniciativa que estudió la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales en Argentina.
Sin embargo, la presentación pública de los resultados fue suspendida en 2023 y, posteriormente, el INTA decidió finalizar la participación argentina en el proyecto. Además, en los últimos días, el organismo resolvió exonerar a Aparicio, lo que implicó la desvinculación de la investigadora de la entidad y la inhabilitación para desempeñarse en la administración pública.
Según explicaron desde el INTA, las acusaciones que motivaron la desvinculación de Aparicio son de carácter administrativo, mientras que la investigadora y la propia comunidad científica las consideran infundadas con un trasfondo político al tratarse de intereses de empresas multinacionales de agroquímicos.
“El Estado tiene una responsabilidad particular en este sentido. Las instituciones públicas de investigación deben constituir espacios donde el conocimiento pueda producirse con autonomía, rigurosidad y transparencia, y donde las diferencias científicas puedan ser abordadas mediante el debate y la evaluación, no restricciones”, expresó Rossi.
Ante este escenario, el legislador provincial instó a que la Cámara de Diputados bonaerense manifieste su solidaridad con Aparicio y reafirme el valor de la libertad científica, la investigación pública y la comunicación del conocimiento producido en las instituciones del Estado nacional.
En las últimas horas, Aparicio compartió un descargo en sus redes sociales en donde subrayó: “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública, lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren”.
Rossi denuncia censura y persecución a una investigadora del INTA
Los detalles de la investigación de la Dra. Virginia Aparicio
El proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea (UE), y coordinado por Aparicio reunió a 11 países, siendo Argentina el único participante latinoamericano, lo que le dio al trabajo una dimensión internacional.
En el caso argentino, participaron 73 personas de ámbitos rurales y de distritos urbanos como Tres Arroyos, Necochea, Balcarce y Mar del Plata, que aportaron muestras de sangre, orina y materia fecal. El objetivo era medir la exposición cotidiana a plaguicidas en distintos entornos.
Los resultados mostraron la presencia de entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 en materia fecal. En todas las muestras de este último tipo se detectó glifosato.
La investigación también analizó el entorno de los participantes. En el polvo de los hogares se encontraron hasta 86 plaguicidas, en los alimentos entre 6 y 22, mientras que, en las pulseras diseñadas para medir la exposición diaria a agroquímicos arrojó la presencia entre 7 y 53 variedades.
Los resultados reavivaron el debate sobre el uso de plaguicidas en la producción agropecuaria y sus posibles consecuencias para la salud humana y el ambiente, especialmente en los distritos bonaerenses donde conviven las actividades rurales con las zonas residenciales.
El escándalo de la científica del INTA vuelve a encender el debate por una Ley de Fitosanitarios
El estudio volvió a poner en agenda la necesidad de avanzar en controles y criterios claros sobre la aplicación de estos productos y la exposición cotidiana de la población. En la Legislatura bonaerense, la diputada de UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó una de Ley de Fitosanitarios que busca establecer criterios uniformes en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, ingresada en septiembre de 2024, apunta a superar las diferencias entre las ordenanzas municipales que actualmente regulan las fumigaciones, mediante la incorporación de parámetros técnicos, controles y medidas de protección de la salud y el ambiente para la aplicación de fitosanitarios.
Según advirtió Vaccarezza, actualmente solo 86 de los 135 municipios cuentan con ordenanzas sobre la aplicación de fitosanitarios, y que cada una establece criterios diferentes, lo que provoca conflictos en los límites entre distritos. Asimismo, remarcó que la ley provincial vigente data de 1998 y consideró que, con el avance de la tecnología y la modernización de las maquinarias, resulta necesario actualizar la regulación.
Reino pidió cautela en el caso de la investigadora apartada por el INTA
El intendente de Balcarce, Esteban Reino, pidió cautela al abordar el caso de Aparicio, señaló que no cuenta con conocimientos técnicos para emitir una opinión científica y consideró que el INTA debería ofrecer explicaciones institucionales.
Además, el intendente boina blanca consideró que se trata de una cuestión sensible y planteó la necesidad de escuchar a los distintos profesionales involucrados. “Si lo que se quiere intentar es que haya un uso más racional, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo?“, manifestó, al referirse a la utilización de agroquímicos.
En ese sentido, Reino sostuvo que estos productos contribuyeron al incremento de la producción en el país, aunque señaló que su utilización debe ser racional. También insistió en que las cuestiones vinculadas con sus efectos y controles deben ser evaluadas por personas con preparación científica.
Al respecto, el intendente pidió evitar que los resultados de investigaciones sobre plaguicidas se confundan con otras problemáticas ambientales y recalcó que, ante temas sensibles, es necesario explicar con claridad qué se está midiendo y cuáles son sus alcances. “Hay que tener mucho cuidado cómo se plantea, porque es muy lindo tirar una bomba y después, ¿cuál es la solución?”, cerró.
