Esta semana, el Gobierno nacional le presentó una propuesta de recomposición presupuestaria a las universidades públicas que incluye una suba salarial del 24,3%, aumentos en becas y fondos adicionales para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, pero condicionó el acuerdo a que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según dejaron trascender, la oferta fue planteada este lunes durante una reunión reservada entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y rectores que representaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el objetivo de destrabar el conflicto que derivó en la última Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el pasado martes 12 de mayo.
La propuesta que realizó el representante del Gobierno nacional contempla una recomposición salarial del 24,3% destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante parte de 2024, todo 2025 y los primeros meses de 2026, con un esquema que prevé un incremento del 21,3% en junio y otro 3% en octubre.
Además, el Gobierno nacional propuso la creación de una comisión técnica para analizar montos pendientes correspondientes a 2024 y estableció la posibilidad de reabrir negociaciones paritarias cada tres meses, junto con un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo de $50.000 millones destinado a los hospitales universitarios.
No obstante, las universidades aún esperan una convocatoria oficial para definir un nuevo criterio de distribución de una partida superior a los $79.000 millones destinada a hospitales universitarios, cuyo congelamiento había generado reclamos por el riesgo que representaba para la continuidad de las prestaciones.
Por caso, fuentes de la comunidad universitaria consideraron que la propuesta presentada por el Ejecutivo resulta “razonable” y señalaron que existen condiciones para avanzar en una solución al conflicto presupuestario. Sin embargo, las negociaciones quedaron estancadas por la exigencia del Gobierno de que las universidades retiren la demanda judicial que reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
Esa norma establece actualizaciones en salarios y becas de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un monto que ronda los 2,5 billones de pesos, y desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación de esos incrementos afectaría el objetivo de mantener el superávit fiscal.
En ese marco, los rectores que se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias rechazaron de plano la posibilidad de desistir de la acción judicial, y explicaron que la demanda constituye una garantía institucional para las universidades, además de que no existe consenso dentro de la comunidad educativa para retirarla.
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación”, remarcaron desde el sector universitario, al tiempo que señalaron que la propia propuesta oficial demuestra que existen recursos para atender los reclamos. Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que el CIN, presidido por Franco Bartolacci, no está dispuesto a ceder en el plano judicial y consideran que esa postura “dificulta alcanzar un acuerdo definitivo”.
