Tras limitar el proyecto para los funcionarios, diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) avanzaron este miércoles con el despacho favorable del proyecto que pretende reformar la Ley de Inocencia Fiscal II, que pretende fomentar el blanqueo de dólares no declarados.
Según detallaron fuentes parlamentarias, el oficialismo consiguió 44 voluntades en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, así como de Legislación Penal, que conducen Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
Acompañaron la iniciativa los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Por su parte, la diputada Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, firmó en disidencia, mientras que los legisladores de Elijo Catamarca no participaron.
La Ley de Inocencia Fiscal II, que el oficialismo pretende darle media sanción el próximo 26 de agosto, apunta a introducir cambios sobre el Régimen Penal Tributario, que modificó a principio de año la propia administración libertaria, luego de crear un esquema simplificado para el pago del Impuesto a las Ganancias.
En su primera versión, el texto había despertado las críticas de los contadores, especialmente por el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en las declaraciones juradas.
Para atender esos planteos, el Gobierno propuso eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen. De esa manera, podrán conservar los beneficios siempre que regularicen su situación.
Además, la iniciativa busca otorgar mayor previsibilidad al sistema, ya que ARCA solo podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, con información objetiva, la existencia de diferencias significativas. También contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.
Vale precisar que, la ley vigente ya había elevado de manera considerable los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal. En el caso de la evasión simple, el umbral pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada aumentó de $15 millones a $1.000 millones.
Sin embargo, a pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión no podrán acceder a los beneficios del régimen. Desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura o jurados de enjuiciamiento.
Los funcionarios alcanzados podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero ya no tendrán los beneficios que el régimen concede al resto de los contribuyentes: no gozarán de la presunción de que lo declarado es correcto y ARCA podrá fiscalizarlos, aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.
