El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este jueves la indagatoria del diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Adorni, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su última declaración jurada.
La petición ingresó al Juzgado Federal N°6, a cargo del juez Daniel Rafecas, y forma parte de una investigación que abarca el período 2023-2026, en paralelo a la causa que también pesa sobre su hermano, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, el planteo judicial apunta a las irregularidades detectadas en su último informe patrimonial, dado que la fiscalía considera que ya existe el grado de sospecha necesario para avanzar sobre ese punto.
La imputación se apoya en una pieza que la fiscalía considera determinante ya que, durante su paso laboral por el Consejo de la Magistratura provincial, el menor de los Adorni trabajó en un área con vinculación directa con las declaraciones juradas, por lo que, según la investigación, no podía desconocer cómo debían presentarse.
Semanas atrás, el legislador rectificó su declaración jurada después de que se abriera una investigación judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la última corrección, el representante de LLA informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción (OA), un dato que no coincide con la supuesta herencia de USD 200 mil que Manuel Adorni intentó consignar en su informe propio.
De acuerdo con las últimas explicaciones del funcionario de Javier Milei, tras la muerte de su padre en 2002, los hermanos Adorni encontraron en un departamento de La Plata lo que el ministro coordinador presentó como su “primer dinero”. Sin embargo, el exvocero presidencial no precisó el monto incorporado dentro de sus bienes, y tampoco se registraron constancias dentro de los registros judiciales de la sucesión que muestren la existencia de esos fondos.
Por su parte, Jorge Adorni, el fallecido padre de los referentes libertarios, era propietario de un departamento de 52 metros cuadrados en el noveno piso de un edificio céntrico. Sobre esta propiedad recaían tres embargos: uno de acreedoras hipotecarias, otro de la administración del consorcio y un tercero del Banco Provincia.
Además de esos embargos que aparecen en el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, el progenitor de los dirigentes investigados tenía tres juicios en marcha por cuotas adeudadas de un crédito con garantía hipotecaria, expensas atrasadas y deudas con la entidad bancaria.
Crecen los señalamientos hacia Francisco Adorni, en medio de la investigación judicial por su patrimonio
Con la llegada del gobierno de Milei, ambos hermanos ascendieron rápidamente a cargos públicos, un foco importante en la investigación que la Justicia mantiene sobre ambos. A partir de un informe periodístico, la diputada nacional y exintegrante de LLA, Marcela Pagano, denunció a Francisco Adorni por la duplicación de su patrimonio neto.
Entre 2024 y 2025, el legislador de la oposición bonaerense pasó de declarar $43,7 millones a $80,5 millones, en línea con el crecimiento económico exponencial de su hermano. En ese marco, una de las hipótesis legales apunta a la figura de la “interpósita persona”, bajo la sospecha de que Francisco podría haber actuado como testaferro de Manuel para legalizar activos de origen incierto.
En la segunda rectificación de su declaración jurada, el diputado Adorni incorporó $52 millones por un inmueble en la localidad platense de City Bell, $7 millones por el 50% de un auto Chery Tiggo, $10 millones por el 50% de una camioneta Jeep Renegade y una herencia de $21 millones, entre otros ingresos. Además, en mayo pasado, el representante legislativo oriundo de La Plata también blanqueó la cancelación de $60 millones correspondientes a un crédito hipotecario con el Banco Provincia.
Debido a que estos movimientos patrimoniales parecen incompatibles con el sueldo de legislador provincial que percibe desde las elecciones de septiembre de 2025 y con sus ingresos previos como funcionario público del Gobierno libertario, el fiscal Marijuán decidió imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
