La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para “prevenir y sancionar en la provincia de Buenos Aires” actos de negacionismo respecto del Terrorismo de Estado acontecido en la dictadura militar que tuvo lugar entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.
Según precisó la legisladora del Frente Renovador, la iniciativa tiene el objetivo de prevenir, sancionar y contribuir a erradicar el negacionismo del Terrorismo de Estado a través de capacitaciones obligatorias para aquellos que se desempeñen sector público provincial y de sanciones en el caso de asumir prácticas negacionistas por parte de funcionarios.
En ese sentido, el articulado establece que el negacionismo abarca a toda afirmación o conducta que niegue la existencia del Terrorismo de Estado, como así también del plan sistemático de exterminio implementado y/o “se justifique los actos y crímenes de la represión ilegal bajo el pretexto que fuere”.
Asimismo, el texto de Galmarini busca tipificar la conducta de negacionismo a toda expresión que equipare el accionar ilegal de personas o grupos particulares con el accionar ilegal de agentes, fuerzas, instituciones u organismos estatales en ejercicio del Terrorismo de Estado.
“En Argentina, no se ha incorporado leyes que penalicen el negacionismo frente al Terrorismo de Estado, aunque existen normas que sancionan la apología del delito y podrían aplicarse a quienes y minimizan o justifican los delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, fiscales y jueces no siempre han sido receptivos a instruir condenas de este tipo”, consideró la senadora bonaerense.
Si bien no es materia provincial crear figuras penales, Galmarini argumentó que su iniciativa busca promover medidas tendientes a la sanción del negacionismo como infracción provincial, tal como ocurre en países europeos como Alemania e Italia respecto a los crímenes del fascismo durante el Siglo XX.
De esta manera, el proyecto presentado en la Cámara alta plantea además la creación del “Consejo Provincial contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado”, integrado por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, el Defensor del Pueblo, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y organismos de derechos humanos.
Entre las funciones del Consejo Provincial, estará la de desarrollar políticas “tendientes a prevenir, sancionar y erradicar las conductas negacionistas”; constituir ámbitos de reflexión sobre los juicios de lesa humanidad y el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP); y celebrar convenios para combatir o erradicar el negacionismo con organizaciones no gubemamentales, entidades profesionales, sindicales y educativas.
Asimismo, será tarea del “Consejo Provincial contra el Negacionismo de Estado” el promover la prevención y erradicación del negacionismo en medios de comunicación, elaborando un protocolo de buenas prácticas en materia de negacionismo, como así también sistematizar la identificación de conductas públicas negacionistas y elaborar protocolos de intervención.
“Existía hasta el 10 de diciembre de 2023 un Pacto democrático, que fue fruto de generaciones de argentinos, organismos de derechos humanos, militantes populares, legisladores, fiscales y jueces. En cuatro décadas difirieron en muchísimos tópicos, pero coincidieron en la férrea voluntad de que no se repita el reinado del terror, para lo cual resulta indispensable la Memoria, Verdad y Justicia“, puntualizó Galmarini, con críticas a la actual política de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei.
En relación con las acciones disciplinarias, el proyecto de ley de Galmarini para penar el negacionismo plantea que las personas que en ejercicio de la función pública, en todos los niveles y jerarquías, que llevaren adelante prácticas o asuman posiciones negacionistas, “quedarán sujetas a los procedimientos administrativos disciplinarios”.
En rigor, el texto plantea una multa de entre $40 millones y $80 millones a aquel en forma pública “niegue o minimice la existencia del Terrorismo de Estado y/o los delitos de lesa humanidad entonces cometidos que hayan sido comprobados por la Justicia”, como así también que “justifique los actos y crímenes de la represión ilegal entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 bajo el pretexto que fuere”.
