A días de que el Senado active el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, desde el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) reiteraron sus advertencias y reclamaron cambios puntuales en la reforma laboral, una iniciativa que, aseguran, genera más incertidumbre que previsibilidad.
En ese marco, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, cuestionó el enfoque del oficialismo y habló de una “animosidad con el sector empresarial”. Si bien ratificó el acompañamiento general a la modernización del sistema laboral, advirtió que la redacción actual de varios artículos introduce desequilibrios que afectan la dinámica productiva y la relación entre empleadores y trabajadores.
Por su parte, la CAME, junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), elevó un documento al Senado nacional con observaciones concretas sobre cinco puntos del proyecto. Además, las entidades mantuvieron reuniones técnicas con los equipos de la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, para acercar una contrapropuesta.
Según explicó Diab, el objetivo de ese trabajo es reformular los artículos cuestionados sin alterar el espíritu general de la iniciativa. “Acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores”, sostuvo el empresario, aunque subrayó que una de las principales preocupaciones pasa por la falta de certidumbre a la hora de desvincular personal, especialmente por la complejidad de la implementación del nuevo esquema indemnizatorio.
Si bien, el dirigente reconoció que la letra de la ley es clara, remarcó que su aplicación podría derivar en cifras “absurdas” y en una mayor conflictividad judicial, un escenario que las pymes buscan evitar en un contexto económico todavía frágil.
Uno de los puntos más sensibles para el sector es el artículo 128 del proyecto, que prohíbe los aportes obligatorios a las asociaciones empresarias, pero mantiene los de los sindicatos. Para Diab, esa diferenciación revela un trato desigual: “Hay una puntuación específica hacia un sector que trabaja por la representación del empresariado”, planteó.
A su vez, el titular de la CAME también cuestionó el artículo 126, que redefine la ultraactividad de los convenios colectivos y habilita una mayor intervención estatal en su homologación. “Si empleador y empleado están de acuerdo, el Estado no tendría que intervenir”, advirtió, al señalar que la norma debilita acuerdos que ya se encuentran zanjados entre las partes.
Otra de las alarmas se encendió en torno al artículo 132, que faculta al Estado a suspender convenios colectivos ante supuestas “distorsiones económicas graves” o por razones de “interés general”. Desde la entidad pyme consideran que esa cláusula introduce una discrecionalidad excesiva que puede derivar en controversias aun cuando existan acuerdos vigentes.
Las advertencias del sector empresarial se suman, además, a los reparos expresados por organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT), que también reclamaron modificaciones al proyecto. Así, la reforma laboral llega al recinto del Senado atravesada por presiones cruzadas, con un oficialismo que admite la posibilidad de retoques, pero que busca sostener el núcleo duro de la iniciativa.
Un frente pyme dividido y el debate por la reforma laboral llega al Senado
Mientras la CAME, la CAC y ADIMRA piden correcciones, en el universo pyme también emergen posiciones contrapuestas. En ese sentido, la Cámara de la Pyme Metalúrgica de la República Argentina (Camima) ratificó su respaldo “total e irrestricto” al proyecto de modernización laboral que debatirá el Senado en febrero.
Desde Camima cuestionaron a las entidades que rechazan algunos artículos y señalaron que existen “intereses” que buscan preservar privilegios y esquemas de financiamiento. En particular, reiteraron su rechazo a los aportes solidarios obligatorios a favor de cámaras empresarias, al considerar que vulneran la libertad de asociación.
Por su parte, el secretario de la entidad, José Luis Ammaturo, sostuvo que las pymes necesitan un marco legal que permita contratar sin enfrentar un “riesgo jurídico ilimitado”, al tiempo que garantice empleo formal, capacitación y movilidad laboral. En la misma línea, defendió la reforma como una herramienta para reducir la litigiosidad y destrabar inversiones.
Con este escenario, el Senado se prepara para abrir el debate de una reforma laboral que expone una fuerte disputa política, económica y sectorial, y que obliga al Gobierno a calibrar su estrategia en un Congreso donde los consensos siguen siendo frágiles.
