El gobierno de Javier Milei desató una tormenta perfecta sobre la salud pública. Al ajuste que viene aplicando de manera sistemática sobre el sector se suma la saturación del sistema merced del impacto de las políticas económicas impulsadas desde la Casa Rosada. Es que una de las consecuencias de la destrucción del empleo formal (más de 300 mil empleos formales se perdieron desde el inicio de la gestión Milei) y la licuación de los salarios de los trabajadores también repercute sobre el sistema de salud.
Más de 2,2 millones de personas perdieron la cobertura médica con la que contaban ya sea porque perdieron su trabajo y ya no cuentan con obra social o bien porque sus ingresos licuados no les permite seguir afrontando el pago de las cuotas de sus prepagas y se tuvieron que dar de baja. Toda esta masa de gente ahora tiene que apelar al sistema de salud público, que entre el ajuste y la mayor afluencia de pacientes, está más tensionado que nunca.
Así lo dejó en evidencia los datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) analizados por el Instituto Argentina Grande que advirtió además que este fenómeno golpea con especial dureza a los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Casi la mitad de ellos (49,9%) ya depende exclusivamente del sistema público de salud. Son 438.790 jóvenes más que a fines de 2023 y qie a causa de la precarización laboral y el encarecimiento de la salud privada, perdieron la cobertura médica con la que contaban antes del inicio del gobierno de Milei.
En la misma línea la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirma esta tendencia e indica que en el cuatro trimestre de 2023 9.428.131 personas contaban con la cobertura de una prepaga, obras social o mutual mientras que en el primer trimestre de este año esa cantidad trepó hasta las 10.674.416 personas.
En términos relativos, la porción de la población sin ningún tipo de cobertura pasó del 32% al 35,6%, casi cuatro puntos porcentuales en poco más de dos años.
El deterioro golpeó de manera desigual a las obras sociales sindicales. OSECAC, la entidad de los trabajadores de Comercio, perdió un 20,2% de sus afiliados desde noviembre de 2023; OSPCN, que nuclea a empleados estatales, cayó un 19,1%; y OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales, retrocedió un 15,9%. La única excepción fue OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, que logró sumar afiliados en medio de la debacle generalizada. Una clara síntesis de la destrucción del empleo y de la precarización del mercado laboral argentino.
